Antecedentes del Tribunal de Cuentas

Estatuto constitucional del Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas, en el marco de nuestro sistema republicano democrático representativo de gobierno, está ubicado institucionalmente en un lugar de máxima jerarquía, similar a la otorgada al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la Corte Electoral.  

Actúa en función administrativa (aunque su nombre podría inducir a confusiones el constituyente no le otorgo facultades jurisdiccionales) vigilando “la ejecución de los presupuestos”  y  controlando “toda gestión relativa a la hacienda pública” (art. 228). Verifica la conformidad de la gestión financiera estatal a las reglas que la regulan, "haciendo observaciones" (artículo 211 literal B) o "exponiendo las consideraciones y observaciones pertinentes" (artículo 211, literal C), o denunciando "todas las irregularidades en el manejo de fondos públicos e infracciones a las leyes de presupuesto y contabilidad"  (Artículo 211, literal E). Posee potestades de control financiero externo que ejerce con total autonomía e independencia frente a los Poderes del Estado y frente a toda la administración autónoma controlada. 

Si bien el marco general de sus competencias está determinado en la propia Constitución, la misma admite que la ley puede atribuirle otras funciones.  

Para asegurar la efectividad de sus potestades, el constituyente dotó al organismo de ciertos atributos básicos:

  •   una ubicación institucional de máximo nivel jerárquico;

  •   independencia absoluta respecto a los Poderes, organismos y entidades controladas;

  •   autonomía funcional, administrativa y técnica, que lo habilitan para actuar en forma objetiva, imparcial y libre de toda influencia político-partidaria;

  • cierto grado de autonomía económico-financiera: la Constitución confiere al Tribunal de Cuentas la potestad de proyectar su propio presupuesto. Y si bien el Poder Ejecutivo puede introducirle modificaciones, en caso que existan diferencias entre lo planteado por el Ejecutivo y el Tribunal, ambos presupuestos deben ser remitidos al Parlamento, para que este decida en definitiva  (art. 211 lit. G de la Constitución).


Tribunal de Cuentas - Montevideo-Uruguay
e-mail: tribunal@tcr.gub.uy